El Ministerio Público (MP) sigue sin revelar si ha iniciado una investigación oficial por presuntos malos manejos de fondos detectados en la administración del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez. Esta situación ha generado múltiples denuncias por parte de funcionarios del actual gobierno y reportes periodísticos que exponen adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas a la pareja del expresidente.
La Hora, medio de comunicación, ha publicado una serie de artículos que detallan las adjudicaciones millonarias realizadas a empresas señaladas de tener vínculos con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno. Estas empresas han recibido contratos que superan los Q2 mil 561 millones, según datos del portal Guatecompras, que registra las compras y contrataciones del Estado.
Hasta el 25 de marzo de 2026, han transcurrido 801 días desde el 14 de enero de 2024, fecha en que el expresidente Giammattei y su pareja dejaron el cargo. A pesar de ello, no se tiene conocimiento de investigaciones contra Martínez o el expresidente. Además, faltan 53 días para el cambio de Fiscal General, lo que añade presión sobre el ente investigador. - afhow
El 29 de febrero, un artículo de La Hora reveló que estas empresas sobrepasaron los Q2 mil 561 millones en contratos recibidos, según datos del portal Guatecompras. Entre ellas se encuentra Asfaltos y Petróleos, S.A. (Aspetro), vinculada a Ramiro Mauricio López Camey y a Mauricio López Oliva, sancionados por Estados Unidos por corrupción y relacionados con Martínez.
Aspetro pasó de recibir Q64.5 millones en la época de Óscar Berger a Q2 mil 41 millones por parte de instituciones del Organismo Ejecutivo del gobierno anterior. Desde el 14 de enero de 2024 hasta la fecha, La Hora ha publicado más trabajos que muestran la posibilidad de una defensa oficiosa por parte del ente investigador a la pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
MEDICAMENTOS: UNA SITUACIÓN SIMILAR
En la misma nota se da a conocer una situación similar que ocurrió con la farmacéutica La Botica, S.A., señalada de tener vínculos con Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Miguel Martínez. Del 2020 al 2023, según el sitio Guatecompras, a esta compañía se le adjudicaron contratos por Q547.9 millones. De este monto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud le hicieron adjudicaciones por Q540.1 millones.
Desde 2015 (año en que le aparecen adjudicaciones en Guatecompras) hasta 2019, La Botica había obtenido Q16.7 millones por concursos de todas las instituciones del Estado. Es decir, que en el gobierno pasado obtuvo el 97% del total del monto de contratos que ha firmado en toda su vida.
La Hora y otros medios han publicado una serie de artículos que, al menos, podrían dar indicios de irregularidades o de malos manejos administrativos en distintas unidades ejecutoras del gobierno anterior. Estas denuncias han generado una creciente presión sobre el MP para que actúe de manera transparente y eficiente.
Una acción previa que dio el aviso: La sanción a Miguel Martínez era cuestión de tiempo.
AEROPUERTO DE ESCUINTLA: EL MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN DE GIAMMATTEI Y MARTÍNEZ
Asimismo, se han levantado sospechas sobre el Aeropuerto de Escuintla, que se convirtió en un monumento a la corrupción durante el gobierno de Giammattei y Martínez. Esta situación refuerza las acusaciones de malos manejos de fondos y falta de transparencia en la administración del expresidente.
Las investigaciones en curso y las denuncias presentadas por ciudadanos y medios de comunicación exigen una respuesta inmediata del Ministerio Público. La falta de información sobre las investigaciones oficiales ha generado descontento en la sociedad guatemalteca, que espera una acción clara y justa por parte de las autoridades.
El caso de Giammattei y Martínez no es aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la gestión gubernamental. La transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales en cualquier sistema democrático, y el MP tiene la responsabilidad de garantizarlos.
El escándalo continúa sin resolver, y el MP sigue bajo presión para actuar. La comunidad espera una investigación seria y completa que ponga fin a las sospechas y garantice la justicia para todos los ciudadanos.
